Es la tercera jornada de manifestaciones contra el gobierno, que viene enfrentando una presión creciente por una investigación parlamentaria sobre presuntas omisiones la gestión de la pandemia, que ya ha dejado más de 500.000 muertos en Brasil.
Para la médica Patricia de Lima Mendes, 47, que participaba de un acto en el centro de Rio de Janeiro, el gobierno es el principal responsable por el alto número de muertes.
"Son más de 500.000 vidas asesinadas por este gobierno, por decisiones espurias, fake news, mentiras, y ahora ese escándalo absurdo de corrupción en relación a las vacunas", dijo Mendes a la AFP.
Otras capitales estatales como Belem (Pará, norte), Recife (Pernambuco, noreste) y Maceió (Alagoas) también registraron manifestaciones con pancartas que rezaban "Bolsonaro genocida", "Impeachment ya" y "Sí a las vacunas".
En los dos primeros meses de audiencias, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) instalada por el Senado se centró sobre todo en la demora del gobierno para sellar acuerdos con las farmacéuticas para adquirir vacunas, mientras impulsaba el uso de medicamentos ineficaces contra el covid -como la hidroxicloroqiuna- y Bolsonaro criticaba las medidas de distanciamiento social.
Pero desde la semana pasada el testimonio de un funcionario del Ministerio de Salud cambió el foco de las investigaciones al declarar que en marzo pasado sufrió una "presión atípica" para concretar una compra de tres millones de dosis de la vacuna india Covaxin que, a su entender, presentaba indicios de irregularidades, entre ellas un precio mucho mayor al pagado por Brasil por cualquier otro inmunizante.
El funcionario afirmó haber trasladado personalmente las sospechas a Bolsonaro, quien se habría comprometido a llevar el caso a la Policía Federal, algo que aparentemente no hizo.
Esto motivó la apertura el viernes de una investigación de la Fiscalía General contra el presidente, que averiguará si Bolsonaro cometió o no el delito de "prevaricación", al supuestamente no denunciar las sospechas de irregularidades.
Otras alegaciones que investiga la CPI y que causaron revuelo esta semana partieron de un empresario que afirmó haber recibido un pedido de soborno de un director del Ministerio de Salud mientras supuestamente negociaba la venta de vacunas con el gobierno, algo que el funcionario -que fue removido de su cargo- niega.
Bolsonaro, en el poder desde 2019, niega que haya ocurrido cualquier acto de corrupción en su gobierno y asegura que la comisión parlamentaria es una "payasada" para sacarlo del poder.
La oposición presentó esta semana un "superpedido de impeachment", que condensa un centenar de pedidos de destitución ya presentados ante la Cámara de Diputados con más de 20 acusaciones diferentes contra el mandatario.